La huelga educativa valenciana ha llenado las calles como no ocurría desde hace décadas. Decenas de miles de docentes, estudiantes y familias han salido a protestar contra el deterioro paulatino de la educación: ratios elevadas, burocracia desbordante, falta de personal, infraestructuras insuficientes y una sensación creciente de agotamiento dentro de los centros educativos. Como también ocurrió en Asturias o está pasando en Madrid, Catalunya o Aragón.
Y conviene decirlo claramente desde el principio: esta movilización generalizada es una buena noticia.
Lo es porque la educación pública necesita recuperar capacidad de respuesta colectiva después de años de resignación y desgaste silencioso. Lo es porque muchos problemas que hoy se denuncian llevan demasiado tiempo normalizados. Y lo es porque resulta saludable que el malestar acumulado deje de vivirse de forma aislada y vuelva a expresarse públicamente.
Sin embargo, precisamente porque esta movilización es importante, quizá también sea un buen momento para plantear algunas preguntas incómodas que llevan demasiado tiempo fuera del debate educativo.
Porque buena parte de los problemas que hoy se denuncian no aparecieron ayer. Las ratios elevadas, la burocracia creciente o la sensación de desorientación pedagógica ya estaban presentes hace años. Y, sin embargo, durante mucho tiempo apenas generaron protesta social significativa.
Esto nos obliga a profundizar un poco más en el tema.
Asociaciones como OCRE llevan tiempo advirtiendo de que el deterioro educativo no puede entenderse únicamente como un problema de financiación o de gestión administrativa. El paradigma pedagógico imperante, basado en la adquisición de competencias, se ha consolidado en España, como en otros sistemas educativos occidentales, durante las últimas décadas y con diferentes gobiernos de diversa índole.
Esta llamada “educación por competencias” se presentó como una modernización necesaria de la enseñanza. El objetivo declarado era construir una escuela más flexible, más inclusiva y más adaptada a las nuevas realidades sociales. Sin embargo, tras años de implantación, empiezan a hacerse visibles algunas fatales consecuencias difíciles de ignorar.
La burocracia se ha convertido en una presencia asfixiante dentro de los centros: programaciones cada vez más extensas, situaciones de aprendizaje hipertrofiadas, rúbricas omnipresentes, plataformas digitales, indicadores, formularios e informes que consumen una enorme cantidad de tiempo y energía. Muchos docentes sienten que pasan más horas justificando administrativamente su trabajo que preparando clases o profundizando en los contenidos que enseñan.
Pero quizá el problema más delicado sea otro: la paulatina desaparición del valor de los contenidos (saberes) y de la necesidad de su transmisión. Durante años, el discurso pedagógico dominante ha insistido en que memorizar conocimientos era algo anticuado, que lo importante era “aprender a aprender” y que los contenidos debían ceder espacio al desarrollo de competencias transversales. El problema es que ningún alumno puede desarrollar pensamiento crítico, capacidad de análisis o verdadera autonomía intelectual sobre la nada. El conocimiento no es un añadido secundario del aprendizaje: es su condición básica.
Sin embargo, la sensación de todos, cada vez más extendida en muchos niveles educativos, es precisamente la contraria, observamos: menos profundidad en el saber, más fragmentación y una creciente dificultad para consolidar conocimientos sólidos y duraderos.
Esta discusión suele caricaturizarse rápidamente como un enfrentamiento entre innovación y nostalgia, entre modernidad y “profesaurismo”. Pero el debate real es mucho más serio. Lo que está en juego no es la defensa de una escuela memorística del pasado. Las preguntas fundamentales son: ¿qué conocimientos consideramos valiosos transmitir? y ¿qué tipo de ciudadanía queremos formar?
Porque una educación que reduce progresivamente el peso de los contenidos comunes termina generando desigualdades más profundas, no menos. Las familias con mayores recursos pueden compensar fuera de la escuela muchas carencias del sistema mediante apoyo cultural, academias o acompañamiento educativo. Pero, para una gran parte del alumnado, especialmente el más vulnerable, la escuela pública sigue siendo el principal espacio de acceso al conocimiento estructurado. Cuando ese acceso se debilita, quienes más pierden son precisamente quienes menos alternativas tienen. Por eso también urge defender la autoridad del profesorado para garantizar un ambiente de aprendizaje digno y seguro para todo el alumnado.
Por eso la huelga actual podría convertirse en una oportunidad importante si consigue abrir también una reflexión de fondo sobre el rumbo educativo de las últimas décadas.
Es imprescindible reclamar mejores condiciones laborales, más inversión y menos burocracia. Pero quizá también haya llegado el momento de preguntarse hasta qué punto esa misma burocracia nace de un modelo pedagógico obsesionado por medir, registrar y documentarlo todo mientras el conocimiento pierde centralidad dentro del aula.
Defender la educación pública no debería consistir únicamente en mantener el sistema funcionando a cualquier precio. También implica preguntarse qué tipo de escuela estamos construyendo y si realmente estamos ofreciendo a las nuevas generaciones una formación intelectual sólida, exigente y emancipadora.
Asociación OCRE (Observatori Crític de la Realitat Educativa, www.asociacionocre.org)