Cada vez con mayor frecuencia y mayor fuerza se está fiscalizando el trabajo del docente con el objetivo de presionar sobre su manera de evaluar. Se trata de una forma más para, usando la excusa de la evaluación competencial (y siguiendo las normativas educativas encabezadas por la LOMLOE), favorecer el mayor número de alumnos que promocionan y titulan, muy a pesar del nivel que hayan alcanzado y del trabajo y esfuerzo realizado a lo largo del curso.
“Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo” (frase atribuída a Abraham Lincoln, 1858)
Cuando en plena pandemia la ministra Celaá nos regaló la famosa frase de que “el aprobado será la regla general” muchos docentes ya intuíamos lo que eso significaba para nuestra independencia de criterio educativo. Se estaba dando paso de manera oficial a la creación de una normativa y de un cuerpo de inspectores de educación (con excepciones maravillosas, claro está) que se encargan de que ello se haga realidad.
Desde los últimos 4-5 años (aunque en este aspecto Cataluña ya fue pionera por lo menos una decena de años antes) se ha ido construyendo un falso engranaje basado en las apariencias y en la mentira para esconder los desastrosos niveles con los que un grueso considerable del alumnado llega a secundaria y Bachillerato. Se maquillan resultados con porcentajes de aprobados y titulados que no se ajustan al nivel de aprendizaje del alumnado, los cuales quedan en evidencia gracias a las pruebas externas que se realizan. Y así, se crea un eslabón más que forma parte de lo que podríamos llamar «la gran mentira educativa«, que es en este caso la evaluación competencial que nos ha traído la LOMLOE.
Como en las anteriores leyes educativas, cuando finaliza el curso se entrega a los alumnos el boletín final con las calificaciones de cada materia y las familias tienen derecho a reclamar si no están de acuerdo. Si la resolución del director es no modificar la calificación, o incluso la decisión de promoción o titulación (previo informe del jefe de departamento), éstas pueden presentar un recurso de alzada. Se trata, pues, de un derecho que tienen las familias para reclamar la nota ante la Administración educativa. El papel de la inspección educativa en este proceso es el de analizar cada caso y emitir los informes pertinentes a petición del Director General de Planificación Educativa (aunque el nombre de este cargo puede variar un poco dependiendo de cada comunidad autónoma). Pues bien, en los últimos años estos recursos de alzada, que cada vez proliferan más por lo que he ido observando y por lo que me cuentan otros compañeros que trabajan en otros institutos, se suelen saldar con una resolución favorable a la reclamación, «independientemente de lo que (no) haya trabajado el alumno» nos dicen los inspectores que analizan los casos. Así, asistimos a un bochornoso ejemplo para la formación de nuestra juventud que nos regala la administración educativa. Se aduce un «defecto de forma» o a que “no se ha llevado a cabo una evaluación competencial” en los criterios de calificación y que, por lo tanto, no se ha respetado el principio de “evaluación objetiva del alumnado”, y así ya no hay más que hablar. El defecto de forma, con el galimatías que es la llamada «evaluación competencial», es imposible que no te lo encuentren (y lo buscan con empeño). He tenido compañeros con una amplísima experiencia docente y con una todavía mayor profesionalidad que han recibido este trato denigrante por parte de la administración educativa. Nadie sabe realmente cómo llevar a la práctica este tipo de evaluación, porque si preguntas a veinte docentes obtendrás veinte opiniones diferentes. Pero da igual, porque el objetivo es el que es, que nadie pueda suspender. Actualmente si un alumno suspende una materia es porque su familia no quiere reclamar (con muy buen criterio para la educación de su hijo, según mi humilde opinión) o porque la familia no conoce este chollo que es el recurso de alzada. Así que ánimo, si usted cree que su hijo ha suspendido por un capricho del profesor o porque le tiene manía, reclame que le darán la razón. Que una administración educativa (independientemente del hecho que el profesorado se haya equivocado al redactar los criterios de calificación) defienda/regule que lo que haga un alumno no importa para que éste apruebe debería ser motivo de escándalo general, pero en el paradigma de la LOMLOE el surrealismo no tiene límites.
Así, se añade un problema más para el profesorado a todos los que ya atesora (como dice el dicho inglés, «adding insult to injury»), lastrando todavía más si cabe su salud mental general. De esta manera, al mínimo atisbo de familia problemática a lo largo del curso se optará por aprobar a su vástago para ahorrarse problemas, lo cual es un comportamiento completamente entendible. Y es que ese miedo a suspender al alumno se palpa en el ambiente de las juntas de evaluación cada mes de junio. Se establece así un sentimiento de indefensión aprendida entre el profesorado, ya que el sistema provoca que los docentes teman suspender a sus alumnos por los problemas que eso le pueda acarrear con inspección, un sistema intimidatorio en toda regla.
Ahora les quiero presentar el flagrante caso de un IES en la zona de l’Horta Sud de Valencia en el que a un alumno de 3º de ESO la administración educativa, tras un recurso de alzada reclamado por la familia, le ha aprobado las seis materias que tenía suspendidas en el pasado curso 2023/24 (y ya de paso también las dos asignaturas que su hermano de otro curso de ESO también había suspendido). Entiendo que el lector vuelva a leer la frase para asegurarse que ha visto bien el número, pero sí, eran seis las materias suspendidas (ocho si sumamos las de su hermano). ¿Es posible, como ha pasado en este caso, que siete departamentos diferentes que se han visto implicados no apliquen bien la evaluación competencial? Esto es un aviso a navegantes. ¿Quién va a atreverse a suspender a un alumno este presente curso en ese centro (o en los centros que hayan conocido el caso y sean de la misma zona)? ¿Cómo afectará al esfuerzo del alumnado sabiendo que hagan lo que hagan no van a suspender la materia? ¿Cómo se sentirán los alumnos de ese centro al presenciar semejante injusticia educativa? Y es que en este caso los estudiantes se han llegado a movilizar elaborando pancartas en las que rezaba “Igualtat en l’avaluació! Igualtat en el futur!”, regalándonos un ejemplo de esperanza al colectivo docente y una lección de sentido común a la administración educativa. Y este es uno de los casos que ha salido a la luz, la punta del iceberg que suele decirse. Imaginen los casos que se deben dar ajenos al conocimiento general de la población.
Como he mencionado, esta presión que llega a rozar el acoso afecta a la manera en que los docentes evalúan (o dejan de evaluar), por miedo a posibles reclamaciones que puedan significar problemas con la inspección. He visto a compañeros aprobar la materia de Lengua y Literatura Castellana o de Lengua Catalana a alumnos de 4º de ESO en una «recuperación» que consistía en hacer un dossier (¡en casa!) de 6 páginas (y para más inri en Cataluña al alumnado que aprueba Catalán en la ESO se le otorga el nivel C1 de dominio de la lengua), o a otros hacer un examen de Historia con un peso de un 40% en la evaluación, también a alumnos de 4º de ESO, con veinte preguntas de un kahoot y poner la nota de ese examen con el resultado de la repetición de ese mismo kahoot ¡con las mismas preguntas! En un mundo normal, eso sería una vergüenza, una dejación de funciones del profesorado, pero en el mundo de la LOMLOE en el que está prohibido suspender ese tipo de docentes jamás tendrán que enfrentarse a que un inspector fiscalice su trabajo. Y lo triste es que esta manera de evaluar, de no exigirle al alumnado su mejor versión, afecta de manera muy negativa a su formación, que es el aspecto más importante y preocupante de todo este embrollo. El objetivo de la evaluación educativa debería ser mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza mediante la obtención de información valiosa que se utilice para mejorar el rendimiento y la calidad en el ámbito educativo. Después hay quienes se sorprenden de que muchos docentes no nos creamos la evaluación competencial.
Con toda esta explicación puede parecer que los docentes no hacemos bien nuestro trabajo de evaluar, pero repito, es que no sabemos realmente cómo hay que hacerlo para que no haya ningún defecto de forma. Para muestra miren este esquema, que imagino que quien lo hizo tenía el objetivo de “simplificar”, sobre todas las cosas que un docente debe tener en cuenta en la actualidad para enseñar siguiendo las directrices de la LOMLOE:
¿No sería más efectivo crear un sistema de enseñanza-aprendizaje más sencillo para la planificación y evaluación del profesorado, así como para el rendimiento del alumnado? ¿Busca realmente la LOMLOE, con todos sus jeroglíficos, mejorar el aprendizaje del alumnado? Y sigo haciéndome más preguntas: ¿no sería más lógico que el cuerpo de inspectores se pusiera a trabajar codo con codo con los centros y les guiara en la redacción de los criterios de calificación? ¿No ahorraría esto todo el trance que deben soportar los profesores que reciben una reclamación (además de ahorrarles a ellos mismos el trabajo de analizar casos y elaborar múltiples informes de recursos de alzada durante los meses de junio y julio de cada curso)? ¿O es que no se quiere hacer para quizás así tener un argumento para seguir la directriz que la ministra Celaá nos dio en su día? Una de las importantísimas funciones que tiene la inspección educativa es comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos. Y yo me pregunto, si actualmente están titulando alumnos con múltiples materias suspendidas, pero mágicamente aprobadas por la administración educativa, ¿no se está yendo contra esas condiciones?
El papel del inspector de educación ante los recursos de alzada es analizar si se ha respetado el derecho establecido en la LODE (art.6c): “A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad”. Pero entonces nos encontramos con un problema, y es que la objetividad en este caos que es la evaluación LOMLOE es muy complicada con criterios de evaluación socioemocionales como podría ser el 9.1. de la especialidad de Matemáticas para 1º, 2º y 3º de ESO:”Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos”. Se crea así un laberinto normativo sin salida en el que el docente, si así le parece al inspector de turno que se encarga de analizar el caso, siempre será susceptible de cometer errores en el proceso de evaluación competencial.
No sé cuánto tiempo más van a aguantar las familias hasta salir a la calle a reclamar una enseñanza digna para sus hijos. Es verdad que este sistema hace muy difícil esa queja, puesto que los alumnos van pasando de curso y titulando, y eso da a las familias una falsa sensación de que todo va bien, pero también es verdad que ya se ha creado alguna asociación, como la Plataforma de Famílies per una Educació de Qualitat promovida por Dori Huertas en Cataluña, que se está moviendo en ese sentido. Hace ya algunos años que con algunos compañeros comento que los colegios e institutos cada vez nos vamos convirtiendo más en una fábrica de crear analfabetos funcionales debido a este tipo de normativas. Y muchas veces me pregunto si estoy exagerando o en realidad me estoy quedando corto.
Hipervínculos/webgrafía
Famosa frase: https://elpais.com/sociedad/2020-04-15/celaa-asegura-que-el-aprobado-sera-la-regla-general-y-la-repeticion-la-excepcion.html
Excepciones maravillosas: https://www.youtube.com/watch?v=UBpymm5GsO8
Maquillan resultados: https://elpais.com/educacion/2024-04-10/la-tasa-de-alumnos-repetidores-vuelve-a-reducirse.html
Pruebas externas: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20231205/catastrofe-catalunya-pisa-perdida-competencia-matematicas-ciencias-lectura-95466565
La gran mentira educativa: https://www.elmundo.es/espana/2024/10/16/670fcf26e4d4d829088b4573.html
Todos los que ya atesora: https://www.csif.es/es/articulo/nacional/general/35660
Salud mental general: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/peligro-salud-mental-profesores-espana-cerca-40-padece-problemas-depresivos_2024012165ad31e1e584300001173acd.html
IES en la zona de l’Horta Sud de Valencia: https://www.levante-emv.com/horta/2024/10/29/pasa-curso-seis-suspendidas-padre-acude-inspeccion-110385973.html
Plataforma de Famílies per una Educación de Qualitat: https://plataformaeducacio.org
Autor: Paco Benítez Velarde
Licenciado en Historia por la UB. Profesor de secundaria de inglés y Ciencias Sociales. Profesor visitante en EE.UU. (Charlotte, NC) y ahora en la comunidad valenciana. Máster de Formación de Profesores de español como Lengua Extranjera por la Universidad de Barcelona y Máster en Teaching English as a Foreign Language por la Universidad de Alcalá de Henares. Posgrado en Mediación en Situaciones de Conflicto en la Institución Educativa por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Asociación OCRE.