Ante la brutal agresión sufrida por una docente en los alrededores de la Conselleria de Educación de València, el Observatorio Crítico de la Realidad Educativa manifiesta su más absoluta condena y su indignación en grado máximo.
Los hechos: una agresión injustificable
Este domingo 31 de mayo, mientras los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se encontraban encerrados en el interior de la Conselleria esperando una respuesta a sus demandas, en el exterior se concentraban centenares de docentes de forma pacífica. No había barricadas. No había violencia. Había camisetas verdes, pancartas y gritos exigiendo una negociación digna.
La respuesta de la Policía Nacional ha sido desproporcionada, violenta e injustificable.
Un agente, según muestran las imágenes que corren como la pólvora en redes sociales, se ha acercado corriendo hacia una profesora que se encontraba de espaldas y le ha propinado un fortísimo empujón que la ha lanzado contra el asfalto. La docente tuvo que ser recogida del suelo por sus compañeros y atendida posteriormente en un centro de salud.
No medió provocación. No medió advertencia. No medió necesidad.
Simplemente, un agente decidió que una profesora pacíficamente concentrada merecía ser derribada por la espalda.
La reflexión que no podemos eludir
Lo ocurrido hoy no es un accidente. No es un «exceso puntual» de un agente. Es la expresión más cruda de lo que ocurre cuando el poder institucional decide que la protesta legítima es un problema de orden público, no una demanda democrática que merece ser escuchada.
Una profesora ha sido agredida por la espalda. Una docente que probablemente ha perdido salario por secundar la huelga. Que ha dedicado su vida a enseñar. Que estaba allí, pacíficamente, pidiendo algo tan básico como poder trabajar en condiciones dignas.
Y la respuesta ha sido un empujón que podría haber resultado trágico para ella.
No es la primera vez que vemos esto. No será la última mientras los cuerpos de seguridad del Estado actúen con una violencia que, de ejercerla un ciudadano de a pie, sería constitutiva de delito. Pero cuando la ejerce un agente, en nombre del orden, se convierte en «desalojo», en «carga antidisturbios», en «protocolo».
¿Por qué la respuesta institucional a la protesta social es casi siempre la violencia?
Lo que exige OCRE
Ante estos hechos, el Observatorio Crítico de la Realidad Educativa exige:
- Una investigación independiente y transparente sobre la actuación policial de hoy, con identificación y sanción ejemplar de los agentes responsables.
- La retirada inmediata del cordón policial que impide el libre acceso a la Conselleria y la libre circulación de los manifestantes.
- La reapertura de la negociación en materia retributiva, con todos los sindicatos presentes y en igualdad de condiciones, atendiendo al rechazo mayoritario del profesorado.
- Una respuesta clara y vinculante a las demandas del profesorado, no más documentos que los propios sindicatos califican de «burla» .
- El cese de la criminalización de la protesta docente y el respeto al derecho fundamental de manifestación y huelga.
Desde OCRE, no olvidaremos esta imagen. No olvidaremos a esa profesora tirada en el suelo. Y no permitiremos que se normalice la violencia como respuesta a la protesta legítima.
Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE). 31 de mayo de 2026